En los últimos años, el Poder Judicial del Estado de Coahuila ha experimentado un notorio incremento en el uso de procedimientos abreviados para resolver casos de delitos sexuales cometidos contra menores de 15 años, según lo revela el informe reciente titulado «Niñas, niños y adolescentes en el estado de Coahuila de Zaragoza: el escenario actual y perspectivas del futuro».

Este método de resolución, aunque acelera el proceso penal, ha generado inquietudes sobre la garantía de la reparación del daño a las víctimas y la posible impunidad para los agresores.

El informe presenta cifras alarmantes: de los 115 casos de violación equiparada de menores de 15 años registrados, 106 fueron resueltos mediante procedimientos abreviados, distribuidos en 13 en 2017, 16 en 2018, 12 en 2019, 13 en 2020 y alarmantes 52 en 2021. Este aumento del 400% en procedimientos abreviados durante 2021 plantea serias interrogantes sobre la equidad en la justicia y la efectividad de las medidas para proteger a las víctimas más vulnerables.

Según el artículo 201, 202 y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento abreviado implica una terminación anticipada del proceso penal, donde la persona imputada reconoce su responsabilidad por el delito que se le atribuye. Este método, solicitado por el agente del Ministerio Público, en este caso, la Fiscalía General del Estado, debe contar con la autorización del juez de control y no debe haber oposición de la víctima u ofendido.

Aunque este procedimiento acelera la resolución del caso, equivale a una sentencia condenatoria, con la diferencia clave de que la persona imputada acepta su responsabilidad, evitando así que la víctima sea revictimizada durante el proceso penal. Sin embargo, el director de Delta Abogados, Carlos Jaime Castro, advierte que este enfoque no garantiza la reparación integral del daño a las víctimas.

El informe detalla que de los 130 casos de abuso sexual a menores de 15 años entre 2017 y 2021, 63 se resolvieron mediante procedimientos abreviados, mientras que solo un caso resultó en sentencia condenatoria en 2021. Este desequilibrio en las resoluciones y el aumento constante de procedimientos abreviados revelan una tendencia preocupante en la administración de justicia.

Carlos Jaime Castro resalta que la práctica de reclasificar delitos, como de violación a abuso, a cambio de procedimientos abreviados, beneficia a los imputados al reducir significativamente las penas de prisión. Además, critica que esta práctica no garantiza la reparación del daño, ya que las sanciones económicas impuestas no aseguran compensación efectiva a las víctimas.

El informe subraya que, de las 236 carpetas de investigación judicializadas por violación y abuso sexual contra menores de 15 años, solo en ocho casos las víctimas han buscado justicia sin recurrir a procedimientos abreviados. Esta estadística resalta la falta de confianza en el sistema judicial y la necesidad de revisar a fondo la implementación de estos procedimientos en casos tan sensibles como los delitos sexuales a menores.