La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) ha emitido preocupantes nueve recomendaciones durante el transcurso de este 2023, destacando especialmente aquellas dirigidas a las corporaciones de Seguridad Pública.

El primer llamado de atención se dio en febrero y estuvo dirigido a la Clínica del Magisterio en Torreón, acusándolos de violaciones al derecho a la protección de la salud por negligencia médica, así como la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos. Esta recomendación surgió a raíz de un caso ocurrido el seis de abril de 2019, cuando una mujer acudió a urgencias con una fractura en el hueso húmero de su brazo izquierdo.

La Fiscalía General del Estado recibió tres recomendaciones adicionales debido a la dilación en la procuración de justicia, relacionadas con la tardanza en la integración o pérdida de carpetas de investigación.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) también fue señalada por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, a raíz de la resolución de un caso de violencia de género con una baja definitiva poco clara.

El sector educativo tampoco escapó a las recomendaciones, ya que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECYTEC) recibió dos recomendaciones por violaciones a la legalidad y seguridad jurídica, en ambos casos relacionados con la suspensión de docentes sin goce de sueldo en dos de sus planteles en el estado.

Además, se acusó a la Policía de Acción y Reacción (PAR) de violar el derecho a la privacidad al realizar un supuesto allanamiento de morada sin orden ni permiso de los habitantes de una vivienda en el municipio de Acuña.

Por último, la Dirección de Seguridad Pública en Sabinas también fue señalada por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica tras un caso de presunto suicidio en las celdas municipales.

Estas recomendaciones son un claro llamado de atención sobre la necesidad de garantizar y proteger los derechos humanos en el estado de Coahuila, especialmente en el ámbito de la seguridad pública y la justicia. La sociedad civil y las autoridades deben trabajar juntas para abordar estas preocupantes situaciones y asegurar que se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.