• La Suprema Corte cierra una era.
• Norma Piña se despidió en la última sesión del pleno antes de que, el 1 de septiembre, asuman los ministros electos por voto popular.
• La transición abre dudas sobre la independencia judicial y el futuro de temas clave como la prisión preventiva oficiosa.

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió este martes su última sesión bajo la integración actual. A partir del 1 de septiembre, los nuevos ministros —electos por voto popular en la histórica elección judicial— asumirán sus cargos, en lo que especialistas consideran una transformación profunda del máximo tribunal del país.

La presidenta saliente, Norma Piña, aprovechó la jornada para despedirse de sus colegas y de los trabajadores judiciales, en un discurso cargado de memoria y advertencias sobre el futuro del Poder Judicial. “La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, expresó.

Piña agradeció uno por uno a los ministros y reconoció a los empleados de la Corte: “La justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende”. Sus palabras recibieron un aplauso generalizado, excepto de las tres ministras alineadas con el oficialismo —Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel—, quienes se abstuvieron.

Una Corte en transición política

El cambio en la Corte ocurre tras un intenso proceso electoral en el que Morena desplegó un amplio operativo político para promover a sus candidatos a ministros. Analistas advierten que la nueva integración, con mayoría cercana al oficialismo, podría convertir al tribunal en un eco del poder político, poniendo en riesgo la independencia judicial.

Uno de los temas que la Corte saliente decidió dejar pendiente es el debate sobre la prisión preventiva oficiosa, un mecanismo que obliga a encarcelar automáticamente a los acusados de ciertos delitos antes de ser sentenciados. Pese a las críticas de organismos de derechos humanos y una sentencia de la CIDH que ordena a México eliminar esta figura, los ministros salientes prefirieron no resolver y trasladaron la decisión a sus sucesores.

El caso que simboliza la resistencia

En las puertas del tribunal, activistas como Daniel García Rodríguez —quien pasó 17 años preso injustamente bajo esta figura— recordaron que más de 70,000 personas están privadas de su libertad por prisión preventiva oficiosa, la mayoría hombres pobres. “La investigación no existe en México, estamos en las peores manos en materia de procuración de justicia. Eso debe terminar”, reclamó García.

Retos para la nueva Corte

La ministra Margarita Ríos Farjat advirtió en su despedida que cualquier cambio que comprometa la independencia judicial “representa un riesgo que no debe tomarse a la ligera”.

El 1 de septiembre, el abogado indígena Hugo Aguilar asumirá como presidente del tribunal, en un hecho inédito. No obstante, la nueva integración enfrentará cuestionamientos inmediatos: pese a la promesa de la reforma judicial de Morena de acabar con privilegios, el presupuesto aprobado mantiene gastos superfluos que generaron críticas sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha pedido revisar el proyecto presupuestal, pero especialistas dudan de que el relevo implique un cambio real. La pregunta que flota es si la nueva Corte garantizará un nuevo equilibrio de poder o si será, como advierten algunos, un “cambio de 360 grados” en el que todo se transforma para que nada cambie.