• Suprema Corte en transición.
• Norma Piña se va, Hugo Aguilar llega.
• La transición en la Suprema Corte marca el inicio de una nueva era judicial en México.

Este martes se estrecharon las manos el pasado y el futuro del Poder Judicial en México. Norma Piña, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y Hugo Aguilar, presidente electo, sostuvieron su primer encuentro formal para preparar la transición del máximo tribunal del país, una reunión marcada por la cordialidad… pero también por la incertidumbre.

La SCJN vive un momento inédito: una transformación estructural impulsada por la llamada Cuarta Transformación, que cambiará sus rostros, sus funciones y su forma de operar. A partir del 1 de septiembre, la Corte ya no será la misma.

El fin de una era, el comienzo de otra

Norma Piña representa el último bastión del Poder Judicial tal como lo conocíamos: autónomo, tecnocrático, muchas veces lejano. Hugo Aguilar es la cara visible del nuevo modelo: cercano al pueblo, elegido en las urnas, con una historia de vida que desafía los privilegios que históricamente han dominado los tribunales.

Sin embargo, la transición no está exenta de riesgos. Se habla de una “reforma histórica”, pero también de un Poder Judicial debilitado. A partir de septiembre, la SCJN operará con menos ministros (nueve en lugar de once), sin salas especializadas y con más de 8,000 asuntos rezagados. Un escenario preocupante si consideramos que más del 60% de quienes la integrarán no tienen experiencia judicial previa.

Racismo judicial, toga bordada y discriminación

La llegada de Hugo Aguilar, un abogado mixteco de origen indígena, ha detonado reacciones racistas disfrazadas de preocupación institucional. Desde su elección, no han faltado críticas a su apariencia, su forma de hablar o incluso por portar una toga bordada con símbolos tradicionales. Todo esto revela una élite judicial y social que se resiste a perder sus privilegios y que aún no acepta que un indígena pueda dirigir —con legitimidad democrática— el máximo tribunal del país.

Aguilar ha respondido con claridad: “Un indígena sí puede”. Y tiene razón. La crítica debe centrarse en su preparación, en su estrategia para desahogar el rezago judicial y en su capacidad para garantizar imparcialidad, no en sus orígenes ni en su indumentaria.

¿Quién cuida al Poder Judicial?

La gran pregunta sigue siendo: ¿quién garantizará que esta “justicia del pueblo” no derive en una justicia partidista? Con una SCJN rediseñada, bajo nuevos liderazgos y con vínculos evidentes con Morena, el riesgo de que el Poder Judicial pierda su independencia no es menor.

Por ahora, el discurso es de unidad, de diálogo y de transición tersa. Pero lo cierto es que el 1 de septiembre marcará un punto de inflexión. La justicia mexicana se encamina a una nueva etapa: más popular, quizá más cercana… pero también más expuesta a presiones políticas. El reto será lograr el equilibrio entre cercanía y autonomía.