• Basura espacial de SpaceX contamina playas mexicanas.
• Claudia Sheinbaum evalúa acciones legales y Elon Musk pide recuperar los restos.
• ¿Quién responde por el daño ambiental?

La presencia de restos del cohete Starship en playas de Tamaulipas tras la explosión ocurrida el 18 de junio ha desatado una nueva tensión entre el gobierno mexicano y la empresa SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado que su gabinete estudia interponer una demanda por contaminación ambiental, la compañía de tecnología espacial ha solicitado formalmente apoyo para recuperar los restos, afirmando que estos siguen siendo propiedad de la empresa.

La implosión del cohete durante una prueba de combustible en la base de lanzamiento de Brownsville, Texas —ubicada a menos de tres kilómetros de la frontera con México— generó una gigantesca bola de fuego. La onda expansiva provocó que partes metálicas, plásticos y tanques de combustión cayeran en playas del ejido La Burrita y la playa de Bagdad, en el litoral tamaulipeco. Estas zonas, además de ser hábitat de tortugas marinas y otras especies, son espacios de alta fragilidad ecológica.

En respuesta, SpaceX ha insistido en que los materiales no representan un riesgo biológico, químico ni toxicológico, y previamente sometidos a pruebas de seguridad. Sin embargo, asociaciones ambientalistas como Conibio Global han recolectado y documentado al menos 1.3 toneladas de residuos espaciales solo en lo que va del año, tras cuatro accidentes similares. Entre los objetos hallados hay desde partes metálicas hasta plásticos esponjosos y cilindros de gas. Los activistas aseguran que estos desechos han sido arrastrados por las mareas desde el Golfo de México hasta las costas mexicanas.

ESFUERZOS OBSTACULIZADOS

La empresa de Musk afirma que sus esfuerzos de recuperación se han visto obstaculizados por la presencia de “partes no autorizadas” en propiedades privadas, lo que ha limitado la recolección de componentes. No obstante, ha reiterado su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas en la limpieza y recuperación de los restos del cohete Starship.

Desde el Gobierno de México, la presidenta Sheinbaum ha sido clara: no se trata de un hecho aislado. Su administración ya analiza los tratados internacionales y las leyes aplicables en materia de responsabilidad ambiental para evaluar los pasos legales a seguir. “Sí hay contaminación”, afirmó desde Palacio Nacional, añadiendo que es deber del Estado proteger a las comunidades y ecosistemas afectados.

Este caso representa un hito en la regulación internacional del turismo y la industria espacial. La creciente frecuencia de accidentes de SpaceX y su impacto ambiental cruzan fronteras, literalmente. Ya no es solo un asunto de tecnología, sino de soberanía, ecología y justicia ambiental.

La urgencia por avanzar en la carrera espacial no puede estar por encima de la protección del planeta que habitamos. Las innovaciones de Elon Musk no deben ignorar su huella sobre la Tierra.