• Cuarta excavación en la fosa de Jojutla revela al menos 60 cuerpos.
• Colectivos denuncian negligencia de la Fiscalía de Morelos y exigen justicia.
• Una herida abierta en la crisis forense de México.

Las heridas de la crisis forense en Morelos se reabren. En la cuarta intervención en la fosa común del panteón municipal de Jojutla, colectivos de familiares de personas desaparecidas han logrado la identificación preliminar de al menos 60 cuerpos, entre ellos los restos de al menos 10 bebés y varias mujeres, según denunciaron las buscadoras tras cuatro semanas de trabajos.

Desde el pasado 26 de mayo, familiares acompañados por algunas autoridades reanudaron las labores de exhumación en esta fosa, ubicada en la comunidad de Pedro Amaro, al sur del estado, y considerada junto a Tetelcingo como uno de los símbolos más oscuros del manejo forense en México.

Una fosa oficial que confirma la negligencia institucional

Las cifras aún no son definitivas. Pero lo que ha sido confirmado por medios y organizaciones acompañantes, es que los hallazgos rebasan por mucho lo esperado. La activista Romana García declaró para La Jornada que «están saliendo cosas que no imaginamos», mientras que Amalia Alejandra Hernández, otra madre buscadora, aseguró que las fallas de la Fiscalía Estatal para clasificar los restos han obstaculizado los procesos de identificación.

«Por ahora hay más de 60 cuerpos, entre 10 y 12 son bebés, y otras tantas son mujeres. También hemos encontrado una decena de restos óseos sueltos», denunció Hernández.

En 2017, durante la primera apertura de esta fosa, se hallaron más de 80 cuerpos enterrados sin identificar. Muchos de ellos ni siquiera estaban registrados oficialmente. Lo mismo ocurrió en la fosa de Tetelcingo, donde se descubrió el entierro irregular de decenas de cuerpos por parte de la Fiscalía General de Morelos entre 2014 y 2015.

El huracán interrumpe, pero no cierra la búsqueda

Los trabajos fueron suspendidos temporalmente debido a daños estructurales en el panteón provocados por las lluvias recientes que trajo consigo el huracán Erick. Un dictamen técnico reveló fracturas en el muro perimetral del cementerio, lo que obligó a detener las labores para evitar riesgos al equipo de trabajo y a los acompañantes.

Pese a la pausa, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, encabezada por Penélope Picazo, ya analiza la posibilidad de una quinta intervención ministerial, debido al elevado número de restos encontrados.

Las víctimas piden justicia y presencia del fiscal

Las familias han denunciado la falta de personal especializado, como antropólogos físicos y arqueólogos, en las tareas de recuperación. Amalia Hernández incluso pidió que el fiscal general del estado, Edgar Maldonado, acuda personalmente a las fosas:

“Queremos que venga, vea cómo trabajamos, escuche a las víctimas y sepa lo que pasa. No es lo mismo que recibir una tarjeta informativa”, dijo.

Más allá del hallazgo: la responsabilidad del Estado

El caso de Jojutla, como antes el de Tetelcingo, representa una evidencia del abandono y la negligencia institucional en la gestión de personas no identificadas. El activista Javier Sicilia ya había advertido:

«Las fosas de Tetelcingo y Jojutla son prueba de cómo el Estado también desaparece personas».

Las fases anteriores de exhumación ocurrieron en 2017, 2022 y 2024. A pesar de los esfuerzos, no existe aún un registro consolidado y verificado del número de cuerpos ni de los identificados. Mientras tanto, las familias siguen cavando en busca de respuestas.