• Salinas demanda a comunicadores por «terrorismo financiero».
• La organización Artículo 19 ha calificado la acción judicial como una amenaza a la libertad de expresión.
• El litigio continúa, y su resolución podría sentar un precedente clave.

Grupo Salinas ha interpuesto una demanda civil contra siete comunicadores, acusándolos de provocar pérdidas millonarias a Banco Azteca mediante «actos de terrorismo financiero». La empresa de Ricardo Salinas Pliego sostiene que estos usuarios de redes sociales, identificados con la llamada Cuarta Transformación, difundieron «información manipulada» en 2023, asegurando que el banco estaba en quiebra, lo que habría provocado la salida de miles de clientes y la pérdida del 7% de sus depósitos.

La organización Artículo 19 ha calificado la acción judicial como una amenaza a la libertad de expresión, alertando sobre el posible efecto inhibidor en la discusión pública sobre empresas y figuras con poder económico.

La campaña en redes y la respuesta de Grupo Salinas

Desde agosto de 2023, circularon publicaciones en X y otras plataformas que advertían sobre una presunta crisis en Banco Azteca. Comentarios como el del economista Víctor Arámburu, quien escribió: «Si yo fuera ustedes, iría sacando mi lana de Banco Azteca y cancelando Total Play», contribuyeron a generar incertidumbre entre los clientes. Otras cuentas, como La Catrina Norteña, aseguraban que el banco «se estaba quedando sin efectivo».

En respuesta, Grupo Salinas emitió un comunicado el 17 de enero de 2024, denunciando «una campaña dolosa y sistemática» con intención de «dañar la credibilidad del sistema financiero mexicano». La empresa anunció acciones legales contra los autores de estas publicaciones, argumentando que «la fabricación de información manipulada» puede afectar los mercados y generar responsabilidades legales.

De la denuncia penal en México a la petición en EE.UU.

Inicialmente, el conglomerado presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Jalisco contra 20 cuentas de X, Facebook y YouTube. La empresa aseguró que estas publicaciones provocaron la salida de 885,000 clientes y la pérdida de aproximadamente 1,000 millones de dólares en depósitos.

El caso trascendió fronteras cuando, en abril de 2024, los abogados de Banco Azteca solicitaron a una corte en California que Google, Meta y X revelaran datos personales de los acusados, con el objetivo de «obtener evidencia para procedimientos criminales» en México. Mientras Google y Meta no se opusieron, X rechazó la solicitud, citando la Primera Enmienda de EE.UU., que protege la libertad de expresión.

La nueva demanda civil y el posicionamiento del gobierno

El conflicto dio un giro en febrero de 2025, cuando siete comunicadores fueron notificados de una nueva demanda civil presentada ante el Juzgado Octavo de lo Civil en Jalisco. Entre los acusados se encuentran Jorge Gómez Naredo, jefe de información de Polemón; el economista Víctor Arámburu; los periodistas Vicente Serrano, Sandra Aguilera y Hans Salazar; el youtuber Ignacio Rodríguez («El Chapucero») y el usuario Miguel Ángel Pelayo.

Artículo 19 advierte que esta demanda representa un intento de intimidación contra quienes publican información crítica sobre empresas con influencia económica. El caso ha llegado hasta la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instó al juez encargado a no proceder con la demanda: «Porque una cosa es presentar una denuncia y otra que un juez se haga eco de una acusación que no tiene razón de ser», declaró, subrayando la importancia de la libertad de expresión en el país.

El litigio continúa, y su resolución podría sentar un precedente clave en la relación entre empresas, medios de comunicación y la libertad de expresión en México.