• Son 49 candidatos para 49 cargos en Poder Judicial de Durango.
• A pesar de la ausencia de competencia, el IEPC confirmó que la elección se llevará a cabo.
• Son 4,168 casillas electorales, 1,518 estarán destinadas a la elección del Poder Judicial y 2,650 a la de Ayuntamientos.

La renovación del Poder Judicial en Durango se llevará a cabo el próximo 1 de junio, pero el proceso se perfila como un mero trámite, ya que el número de candidatos coincide exactamente con el número de puestos a ocupar. A pesar de la ausencia de competencia, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC) confirmó que la elección se llevará a cabo para cumplir con el mandato constitucional.

En esta jornada electoral, los ciudadanos elegirán no solo a integrantes del Poder Judicial, sino también 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 326 regidurías. En el ámbito judicial, serán ocho magistradas y siete magistrados del Tribunal Superior de Justicia, tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, una magistratura del Tribunal Penal para Adolescentes, y 14 jueces y 14 juezas.

Para garantizar el desarrollo del proceso, se instalarán 4,168 casillas electorales, de las cuales 1,518 estarán destinadas a la elección del Poder Judicial y 2,650 a la de Ayuntamientos. Sin embargo, los comités evaluadores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial propusieron a los mismos 49 aspirantes, lo que ha generado críticas sobre la falta de competencia real en este proceso.

Fechas

El registro de aspirantes se realizó del 10 al 25 de enero de 2025, seguido de la revisión de requisitos hasta el 14 de febrero. Posteriormente, la lista de candidatos se publicó el 15 de febrero y la ratificó el Congreso el 22 de ese mes. Roberto Herrera, consejero presidente del IEPC, señaló que el organismo ya prepara las boletas. “La elección se tiene que llevar a cabo, es un mandato constitucional y es facultad de los comités decidir quiénes cumplen con los requisitos”, afirmó.

Aunque el Tribunal Electoral de Durango ya tiene impugnaciones en trámite de aspirantes que no fueron seleccionados, el proceso sigue su curso. La situación ha despertado cuestionamientos sobre la legitimidad y transparencia de la elección, pues al no existir competencia, el ejercicio electoral pierde su esencia democrática.