• Trump intensifica su ofensiva contra las ciudades santuario.
• El presidente ha pasado de las amenazas a los hechos.
• El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, defendió la legalidad de estas normativas.

Desde su primera campaña presidencial, Donald Trump ha retratado a Chicago como un bastión de la criminalidad y el desorden, atribuyendo esta situación a su estatus de ciudad santuario.

Ahora, en su segundo mandato, el presidente ha pasado de las amenazas a los hechos con una demanda contra la ciudad y el estado de Illinois, además de una investigación en la Cámara de Representantes.

Una estrategia de presión legal y financiera

Asimismo el gobierno de Trump ha desplegado una doble estrategia para forzar a las ciudades santuario a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE):

• Recortes de financiamiento federal a municipios y estados con políticas que protejan a migrantes indocumentados.
• Demandas judiciales, argumentando que estas normativas interfieren con la aplicación de la ley federal de inmigración, en supuesta violación de la Cláusula de Supremacía de la Constitución.

El Departamento de Justicia ha señalado en su demanda contra Chicago e Illinois que leyes como la Illinois TRUST Act y la Ordenanza Ciudad Acogedora de Chicago dificultan la detención y deportación de migrantes, priorizando los derechos de estos sobre la colaboración con las autoridades federales.

Reacción de Chicago y otras ciudades

En respuesta, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, defendió la legalidad de estas normativas: “Illinois cumple la ley. La TRUST Act fue firmada por un gobernador republicano y sigue respetando la legislación federal”.

A nivel nacional, la postura de las ciudades santuario varía. Mientras que alcaldes como Brandon Johnson (Chicago) y líderes de Boston, Denver y Los Ángeles han reafirmado su compromiso con estas políticas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha mostrado disposición a modificar las normativas de su ciudad.

La guerra política en el Congreso

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación contra ciudades santuario. Su presidente, James Comer, ha citado a los alcaldes de Chicago, Boston, Denver y Nueva York a comparecer el próximo 5 de marzo, acusándolos de poner en riesgo la seguridad pública y obstaculizar la labor del ICE.

Una batalla con antecedentes y un nuevo panorama judicial

La ofensiva de Trump contra las ciudades santuario no es nueva. Durante su primera administración intentó bloquear su financiamiento, pero los tribunales fallaron en contra de su gobierno. No obstante, esta vez cuenta con un Tribunal Supremo de mayoría conservadora, con tres jueces nombrados por él mismo, lo que podría inclinar la balanza a su favor en una eventual resolución final.

El futuro de las ciudades santuario en EE.UU. se debate ahora en tribunales y el Congreso, en un pulso que marcará el rumbo de las políticas migratorias en los próximos años.