• México sin rastro: el vacío de datos sobre fosas clandestinas.
• Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la incertidumbre persiste.
• La opacidad en los registros es alarmante.

La crisis de violencia en México sigue dejando un rastro de muerte y desapariciones que parecen no tener fin. Balaceras, explosivos lanzados desde drones y minas antipersona forman parte del día a día en distintas regiones del país. Pero uno de los signos más devastadores de esta crisis son las fosas clandestinas, utilizadas por el crimen organizado para ocultar los cuerpos de sus víctimas. A pesar de que estos hallazgos han sido documentados durante casi dos décadas, la falta de información oficial ha sumido al país en la oscuridad.

Con el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, la incertidumbre persiste. Las cifras sobre fosas clandestinas dejaron de actualizarse a mediados de 2023, cuando la Secretaría de Gobernación publicó su último informe. Desde entonces, la Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades locales han guardado silencio. Mientras tanto, colectivos de búsqueda continúan descubriendo nuevos sitios de entierro en estados como Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora y la Ciudad de México, revelando la magnitud de un problema que el gobierno parece querer ignorar.

La opacidad en los registros es alarmante. Bases de datos como el Banco Nacional de Datos Forenses o el Registro Nacional de Fosas Clandestinas deberían proporcionar claridad sobre el número de cuerpos exhumados y su identificación. Sin embargo, estos sistemas parecen estar desactualizados o inaccesibles para el público. El caso del Registro Nacional de Personas Desaparecidas es un claro ejemplo: durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno intentó reducir las cifras oficiales, generando una crisis de credibilidad.

En este contexto, los colectivos de búsqueda se han convertido en el último bastión para encontrar la verdad. Gracias a su insistencia, se han localizado más de 100 fosas en distintos puntos del país desde octubre de 2023. Sin embargo, sin un respaldo institucional sólido, sus esfuerzos son insuficientes para dimensionar la verdadera crisis forense de México. La administración de Sheinbaum y la FGR tienen el reto urgente de actualizar y transparentar la información sobre fosas clandestinas, una deuda histórica con las familias de los desaparecidos.