Cambios de fondo: Una mirada crítica a la procuración de justicia en México. Descúbrelo en esta columna de Gerardo Aguado.

Para entenderlo de manera clara y sencilla, las fiscalías —tanto la federal como las estatales— tienen como principal responsabilidad investigar delitos, integrar las carpetas de investigación y llevar a los delincuentes ante la justicia. Esto implica garantizar que enfrenten un proceso penal justo y, en su caso, sean condenados por un juez.

Aunque parece un proceso directo, la realidad dista mucho de serlo. Esta labor requiere conocimientos especializados por parte de ministerios públicos y agentes ministeriales, además de recursos humanos, financieros, tecnológicos e informáticos. También demanda integridad, profesionalismo y honorabilidad de todos los colaboradores en las fiscalías.

La importancia del trabajo ministerial

El éxito de cualquier política contra el crimen depende en un 90 % del desempeño de los ministerios públicos y sus agentes. De poco sirve que cuerpos policiales o fuerzas militares capturen delincuentes si las fiscalías no integran adecuadamente las carpetas de investigación. Un trabajo deficiente o mal intencionado puede resultar en la liberación de criminales, ya que los jueces sólo evalúan las pruebas presentadas y emiten sus sentencias con base en ellas.

Una crisis reflejada en cifras alarmantes

Las estadísticas muestran la gravedad de la situación. Según el INEGI, en 2022 existían más de 2 millones de carpetas de investigación sin resolver, y para junio de 2023 esta cifra había crecido a 2.6 millones. A esto se suma un índice de impunidad alarmante: 93.6 % de los delitos denunciados quedan sin castigo, según el informe «Hallazgos 2023» de México Evalúa. Estados como Oaxaca, Jalisco y Colima destacan por sus altos niveles de impunidad, superando el 97 %.

Esta realidad desalienta a los ciudadanos a denunciar delitos, ya que saben que, incluso con pruebas sólidas, sus casos podrían quedar estancados, desechados o mal integrados, lo que resulta en la absolución de los responsables.

La urgencia de una reforma profunda

Especialistas coinciden en que es imprescindible una renovación profunda del sistema de procuración de justicia en México. Esto implica:

• Combatir la corrupción y la ineficiencia.
• Asignar presupuestos realistas.
• Profesionalizar al personal de las fiscalías.
• Establecer mecanismos de participación ciudadana.
• Crear contralorías internas autónomas.
• Implementar tecnología moderna para investigar y combatir delitos.

Aunque existe un compromiso del gobierno federal y del Congreso de la Unión para realizar reformas en esta materia, los avances son mínimos. Sin un modelo de procuración de justicia eficiente, México no puede avanzar en materia de seguridad.

Conclusión

La procuración de justicia no sólo es un pilar fundamental para combatir el crimen, sino también para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La urgencia de una reforma integral es innegable, y la sociedad debe exigir a sus gobernantes que este tema se convierta en una prioridad nacional.