• Congreso de Coahuila avala reforma al Poder Judicial.
• Este cambio transforma de manera radical la elección de jueces y magistrados.
• Propone diez puntos esenciales, entre los que destaca la implementación del sufragio universal.

El Congreso del Estado de Coahuila aprobó, en sesión ordinaria, una serie de adecuaciones a la Constitución local que buscan dar cumplimiento a la reforma judicial federal publicada el 15 de septiembre de 2024. Este cambio transforma de manera radical la elección de jueces y magistrados, pasando de un modelo de designación a uno de elección popular, garantizando la participación ciudadana directa.

La iniciativa, presentada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, propone diez puntos esenciales, entre los que destaca la implementación del sufragio universal para elegir a las y los titulares de magistraturas locales. Este modelo permitirá a la ciudadanía decidir, mediante voto libre, directo y secreto, a quienes ocupen estos cargos, con un periodo inicial de nueve años y posibilidad de reelección.

Además, la reforma establece la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de supervisar y sancionar a servidores públicos del ámbito judicial. Este órgano tendrá independencia técnica y estará integrado por personas electas por la ciudadanía. También se promueve la paridad de género, buscando un equilibrio entre hombres y mujeres en los cargos de elección popular.

Exigencias claras

Sin embargo, las modificaciones no están exentas de retos. Garantizar que los electos cuenten con el perfil adecuado mediante la carrera judicial será crucial. La creación de una Escuela Judicial especializada pretende cubrir esta necesidad, pero la eficacia de este sistema dependerá de una implementación rigurosa y sin tintes políticos.

Por último, se destaca la eliminación de fideicomisos y fondos adicionales no previstos por ley, en un intento de fortalecer la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.

A pesar de las intenciones de modernizar la impartición de justicia, surgen interrogantes sobre la viabilidad de la elección popular en un sistema tan técnico como el judicial. La reforma promete cambios significativos, pero su éxito dependerá de una correcta ejecución y de un compromiso genuino con la justicia.