• Transportistas acusan a autoridades de “terrorismo fiscal”.
• Las sanciones, que oscilan entre 25 mil y 100 mil pesos por unidad, son impuestas bajo argumentos como exceso de peso.
• Los transportistas coinciden en que estas prácticas afectan gravemente la operatividad de sus empresas.

Empresarios del autotransporte de carga en Nuevo León denuncian prácticas arbitrarias por parte de la Guardia Nacional y el SAT, señalando que son víctimas de un sistema de multas que califican como “terrorismo fiscal”.

Las sanciones, que oscilan entre 25 mil y 100 mil pesos por unidad, son impuestas bajo argumentos como exceso de peso o velocidad, pero sin pruebas concluyentes ni procedimientos claros.

Un problema persistente

Según los transportistas, esta situación lleva más de dos años, pero se ha intensificado en el último. Las multas se generan a discreción de los elementos de la Guardia Nacional, quienes carecen de herramientas básicas como básculas para verificar el supuesto sobrepeso.

“Te paran, dicen que llevas sobrepeso, pero no tienen forma de probarlo. Todo queda a su criterio y ponen la multa”, comentó un transportista que prefirió el anonimato.

El SAT y el círculo vicioso de las “opiniones negativas”

Aun cuando los empresarios logran ganar los juicios en tribunales fiscales, las multas no se eliminan automáticamente del registro del SAT. Esto genera un problema adicional: el bloqueo de las “opiniones positivas” requeridas por clientes y bancos para contratos o créditos.

“El SAT dice: ‘Ganaste, pero la SICT no me ha avisado’. Esto nos obliga a iniciar un proceso burocrático que incluye viajar al estado donde se emitió la multa y presentar pruebas nuevamente”, señaló un empresario, quien reportó haber atravesado esta situación en múltiples ocasiones durante el año.

Además, se denunció que personal del SAT en Nuevo León solicita pagos que van de 100 mil a 300 mil pesos para agilizar la restitución de la “opinión positiva”. “Esto es una extorsión, es terrorismo fiscal”, afirmó otro afectado, quien indicó que ha tenido que pagar 20 de las 40 multas que acumula, pese a haber ganado los juicios correspondientes.

Impacto en el sector

Los transportistas coinciden en que estas prácticas afectan gravemente la operatividad de sus empresas, ya que la pérdida de la “opinión positiva” les impide participar en contratos o acceder a financiamientos.

Exigen que las autoridades federales, especialmente la SICT y el SAT, coordinen sus procesos para evitar que este tipo de irregularidades continúen perjudicando al sector.