• Autoridades revisan por seguridad a conductores de aplicaciones.
• Los transportistas señalan hostigamiento y abuso de autoridad.
• Para facilitar la regularización, se han eliminado algunos requisitos que antes complicaban el proceso.

Transportistas que trabajan mediante aplicaciones móviles han alzado la voz contra los operativos de revisión que realiza la Dirección de Transporte Público Municipal en colaboración con la Subsecretaría de Transporte, Movilidad e Infraestructura. Según los conductores, estas acciones, justificadas como parte de protocolos de seguridad, representan hostigamiento y abuso de autoridad.

La asociación civil Laguna Unida manifestó su descontento a través de redes sociales, señalando que estas revisiones afectan directamente sus derechos y su economía. Acusan a las autoridades de llevar a cabo inspecciones exhaustivas a los vehículos e interrogar a los pasajeros, lo que consideran arbitrario e inconstitucional.

En defensa de los operativos, el director de Transporte Público, Rodrigo Muñoz Montejano, afirmó que estas acciones no son nuevas y que “únicamente se les hacen preguntas con consentimiento de ellos mismos, es el mismo protocolo que se ha aplicado siempre”. Según Muñoz, las revisiones son parte de un esfuerzo conjunto de las autoridades estatales y municipales para reforzar la seguridad en todas las modalidades de transporte, incluidos taxis, transporte de personal y carga.

El funcionario explicó que los retenes suelen identificar fácilmente a los conductores de aplicaciones debido a que llevan sus teléfonos en el tablero o los utilizan activamente mientras trabajan. Agregó que la mayoría de estos transportistas no ha cumplido con el registro obligatorio ante la autoridad estatal, lo que motiva su intervención.

Hay oportunidad

Para facilitar la regularización, se han eliminado algunos requisitos que antes complicaban el proceso, como el valor factura mínimo del vehículo. Sin embargo, el sector sigue mostrando resistencia, argumentando que los procedimientos no son claros ni justos.

El conflicto entre autoridades y transportistas refleja una brecha en la implementación de normativas y la percepción de abuso. Aunque los operativos se justifican como medidas de seguridad, su ejecución genera tensiones que afectan tanto a los choferes como a los usuarios.