• Cámara de Diputados amplía prisión preventiva oficiosa.
• La prisión preventiva oficiosa introducida en 2008 durante el mandato de Felipe Calderón.
• Morena defiende que esta medida es clave para evitar que personas acusadas de delitos como extorsión intimiden a sus víctimas.

En una sesión polémica, la Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles una reforma que amplía la lista de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Con el respaldo mayoritario de Morena, se incluyeron la extorsión y los delitos relacionados con el fentanilo y otras drogas sintéticas, llevando automáticamente a prisión a quienes enfrenten cargos por estos crímenes, sin posibilidad de revisión del juez. La iniciativa ajustada en último momento por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien presentó reservas para eliminar el narcomenudeo y la defraudación fiscal de la lista inicial.

Esta decisión contraviene la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2023 solicitó a México eliminar la prisión preventiva oficiosa al considerarla una violación a las garantías internacionales. La reforma también se da en un contexto de creciente poder legislativo de Morena, que desde su mayoría en la Cámara ha impulsado reformas controvertidas, como la judicial y la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa.

Una figura cuestionada pero fundamental para Morena

La prisión preventiva oficiosa introducida en 2008 durante el mandato de Felipe Calderón y se ha convertido en un eje de la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bajo esta figura, los imputados por delitos graves deben esperar su juicio en prisión, independientemente del riesgo de fuga o destrucción de pruebas, lo cual los deja en una situación de indefensión y sin posibilidad de evaluar su caso antes del proceso formal.

Morena defiende que esta medida es clave para evitar que personas acusadas de delitos como extorsión intimiden a sus víctimas o evadan la justicia. Sin embargo, desde la oposición se han manifestado dudas sobre la eficacia y la justicia de esta figura. Nadia Navarro, diputada del PRI, propuso optar por la prisión preventiva justificada, que requiere la valoración del riesgo procesal antes de ordenar la detención, respetando así el derecho a la presunción de inocencia.

Resistencia y voces de la oposición

Los partidos opositores han señalado que esta reforma no solo vulnera el derecho de los acusados a la presunción de inocencia, sino que también carga desproporcionadamente sobre sectores desfavorecidos. Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, cuestionó: “Esta medida criminaliza a los pobres y a las mujeres, mientras que los privilegiados pueden enfrentar sus procesos en libertad”.

A nivel internacional, organismos como la ONU se han pronunciado en contra de la reforma, señalando que endurece una medida que debería desaparecer. Según la ONU, el sistema de prisión preventiva oficiosa “anticipa indebidamente un castigo y constituye una detención arbitraria”, afectando especialmente a las personas de bajos recursos.

Contexto crítico para la prisión preventiva en México

México enfrenta un problema de saturación penitenciaria: el 40% de la población carcelaria, aproximadamente 90,000 personas, se encuentra en prisión sin sentencia. De este grupo, 68,000 están en prisión preventiva oficiosa, un sistema que afecta gravemente a mujeres, pues casi la mitad de las internas sin condena pertenecen a este grupo. La reforma aprobada por la Cámara aún debe ser votada en el Senado, donde Morena cuenta con la mayoría necesaria para hacer los cambios a la Constitución, lo que abre la posibilidad de que esta controvertida medida se amplíe.