• Congreso suspende a regidora y llega Amira Darwich a Torreón.
• Xóchitl «N» enfrenta acusaciones por presuntas lesiones calificadas y amenazas en razón de género.
• El Cabildo del municipio se declaró incompetente para aplicar las medidas cautelares en el caso.

El Congreso del Estado de Coahuila decidió suspender temporalmente a la segunda regidora de Torreón, Xóchitl «N», tras declararse el Cabildo del municipio incompetente para aplicar las medidas cautelares necesarias en su caso. Esta decisión legislativa responde a una solicitud del Cabildo mediante el oficio SRA/3885/2024, con el cual pidieron que el Congreso determinara las acciones correspondientes ante las acusaciones contra la funcionaria. En su lugar, se nombró a Amira Lucía Darwich García como suplente.

Xóchitl «N» enfrenta acusaciones por presuntas lesiones calificadas y amenazas en razón de género en contra de Silvia Garza Villarreal, quien es servidora pública estatal. Los señalamientos indican que la regidora y su padre, Mario «N», regidor electo, habrían agredido verbal y físicamente a Garza Villarreal en mayo de 2022. Según la denunciante, el incidente se originó en un evento político debido a desacuerdos sobre la ubicación asignada a los acusados.

Prohibiciones

Judith Arzave Ramírez, jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral de Coahuila, dictó medidas cautelares en contra de la regidora. Entre ellas, ordenó la entrega de documentos oficiales de Xóchitl «N», incluyendo su visa y pasaporte, a la Unidad de Medidas Cautelares. Adicionalmente, la jueza prohibió a la regidora acercarse o comunicarse con la denunciante y los testigos del caso en un radio de 300 metros, restringiéndole cualquier intento de contacto por medios directos o a través de terceros.

Como parte de las medidas, la jueza instruyó la colocación de un localizador electrónico para la funcionaria, cuyo costo mensual de mantenimiento asciende a 6,500 pesos, a cargo del Poder Judicial del Estado. Este dispositivo permitirá monitorear los movimientos de la regidora durante el proceso penal que enfrenta.

Esta decisión del Congreso y las medidas judiciales buscan garantizar la protección de la denunciante y el cumplimiento de los protocolos de justicia en un caso que ha generado atención por su impacto en el ámbito político de Torreón y en la opinión pública.