• Aumentan rondines tras atentado a El Debate y secuestro.
• Los familiares de Cárdenas exigen su liberación con protestas.
• Las autoridades han incrementado los operativos de seguridad.

La violencia en Culiacán, Sinaloa, ha escalado en los últimos días tras el secuestro de Sergio Cárdenas Hernández, repartidor del periódico El Debate, y el ataque a balazos a las instalaciones del rotativo.

Mientras los familiares de Cárdenas exigen su liberación con protestas frente al Palacio de Gobierno, las autoridades han incrementado los operativos de seguridad en torno al periódico para garantizar su protección.

Refuerzan la seguridad tras el atentado

Gerardo Mérida Sánchez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, informó que la vigilancia alrededor del edificio de El Debate reforzada con hasta ocho rondines diarios, realizados por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Esta medida implementada luego del atentado del pasado jueves, donde disparos dañaron cuatro vehículos estacionados en las inmediaciones del periódico, ubicado en el centro de Culiacán.

Durante la conferencia semanal del gobernador Rubén Rocha Moya, se explicó que los ataques no solo afectaron al rotativo, sino también a las oficinas de una empresa constructora ubicada en la misma calle. Según el mandatario, este tipo de acciones violentas atribuidas a una célula delictiva que busca desviar la atención de las fuerzas de seguridad.

Familiares exigen la liberación de Sergio Cárdenas

Mientras tanto, en la explanada de Palacio de Gobierno, los familiares de Sergio Cárdenas mantienen sus protestas, exigiendo la aparición con vida del repartidor, privado de su libertad hace tres días.

Según Cinthia Cárdenas, hija del desaparecido, su padre inicialmente perseguido por los ocupantes de un vehículo blanco cuando conducía su motocicleta en el centro de la ciudad.

A pesar de haber intentado huir y buscar refugio, finalmente interceptado y secuestrado cuando se dirigía a una consulta médica tras sufrir lesiones en las piernas.

Las autoridades continúan con las investigaciones, mientras que la presión de los familiares y colectivos defensores de derechos humanos aumenta para resolver este caso que ha generado gran preocupación en la comunidad periodística y social de Culiacán.