• Secuestrador de Torreón pasará 43 años en la cárcel.
• Esta decisión la emitió el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila de Zaragoza.
• Es importante señalar que, inicialmente, en diciembre de 2019, se había emitido una sentencia absolutoria a favor de José “N”.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha conseguido una sentencia condenatoria de 43 años y seis meses de cárcel para un individuo identificado como José “N”, por su participación en un secuestro. Esta decisión fue emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila de Zaragoza.

Los hechos que llevaron a esta condena se remontan a diciembre de 2018, cuando José “N” fue arrestado en el Ejido El Ranchito, Torreón. Su detención se produjo tras una denuncia interpuesta por el representante legal de una empresa de transporte de carga, quien alertó sobre el robo de un tractocamión que transportaba dos semirremolques repletos de mercancía, así como la privación ilegal de su conductor.

Después de su captura, las investigaciones realizadas por los agentes lograron localizar al conductor secuestrado y recuperar tanto el tractocamión como la mercancía robada. Este exitoso operativo fue resultado del trabajo diligente de las autoridades para resolver el caso.

Anteriormente…

Es importante señalar que, inicialmente, en diciembre de 2019, se había emitido una sentencia absolutoria a favor de José “N”. Sin embargo, tras una apelación presentada por el Ministerio Público Federal (MPF), el Primer Tribunal Unitario del Octavo Circuito revocó esta decisión. Esta revocación condujo a la emisión de una orden de aprehensión en su contra debido a su incomparecencia durante la audiencia de individualización de sanciones.

Posteriormente, la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplió con el mandamiento judicial en Zihuatanejo, Guerrero. Durante la audiencia subsiguiente, el juez dictó la condena de 43 años y seis meses de prisión. Además, se le impuso una multa de mil 750 Unidades de Medida de Actualización (UMA) y se le ordenó reparar el daño causado a la víctima. La sentencia también conlleva la suspensión de sus derechos civiles y políticos, lo que subraya la gravedad del delito cometido.

Este caso destaca la labor de las autoridades para perseguir y sancionar los delitos de secuestro, un crimen que afecta la seguridad y el bienestar de la comunidad.