• Cuenta regresiva para que Coahuila adopte Reforma Judicial.
• Tiene un plazo de 180 días, a partir del próximo 15 de septiembre, para adecuar su marco legal y ajustarse a la reforma judicial federal.
• El INE será el encargado de llevar a cabo estas elecciones, cuyo costo a nivel nacional será superior a 7 mil millones de pesos.

El estado de Coahuila cuenta con un plazo de 180 días, a partir del próximo 15 de septiembre, para adecuar su marco legal y ajustarse a la reforma judicial federal, según informó Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial en el estado. El funcionario señaló que se está preparando una propuesta en conjunto con el Ejecutivo estatal para presentar al Congreso local, con el objetivo de implementar la reforma causando «el menor daño posible» a la carrera judicial.

Mery Ayup explicó que la reforma establece la creación de comités de selección integrados por el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales podrán establecer sus propias reglas. En este sentido, mencionó que se trabaja en coordinación con el equipo jurídico del estado para formular una iniciativa que contemple tres posibles escenarios para los 110 jueces actuales en Coahuila: «que la mitad de los jueces termine en 2025, o la mitad en 2027, o todos en 2025 o todos en 2027». Sin embargo, enfatizó que «todos los jueces deberán pasar por una boleta», como parte del nuevo proceso de selección.

En cuanto a los magistrados, detalló que 16 quedarán en el Tribunal Superior de Justicia, 4 en Tribunales Distritales, 3 en el Tribunal Laboral y otros 3 que se crearán para el Tribunal Disciplinario, cuyos integrantes también deberán ser votados. «Los jueces con inamovilidad, incluyendo mi caso con 8 años por delante, pierden esa garantía, pero tenemos derecho a ir en la boleta, que incluirá 6 nombres», comentó.

¿Cuánto costará?

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de llevar a cabo estas elecciones, cuyo costo a nivel nacional será superior a 7 mil millones de pesos, fondos que provendrán de los fideicomisos federales. Sin embargo, Mery Ayup expresó sus dudas sobre la viabilidad de la reforma, señalando que «en unos años, podrían revertirse algunas de las figuras que se implementen».

El magistrado calificó la reforma como un «desafío histórico», pues en los 200 años de existencia del Poder Judicial de Coahuila no se había enfrentado a un cambio de esta magnitud. Finalmente, sostuvo que es fundamental garantizar que las personas que lleguen al Poder Judicial sean «capaces, con experiencia judicial probada» y que se eviten «influencias del crimen organizado o de intereses particulares», destacando que el 72% de la población en Coahuila confía en el Poder Judicial.