• Reportan candidatos que deben pedir permiso.
• Señalan al crimen organizado.
• Elecciones 2024.

Ciudad de México.- En medio de las elecciones presidenciales y locales en México, se destaca una alarmante realidad: los candidatos políticos se encuentran bajo la amenaza y el control del crimen organizado en varios estados del país. Este fenómeno ha generado un escenario en el que incluso la participación democrática se ve condicionada por la anuencia de grupos delictivos.

El caso reciente de Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, detenida brevemente por un grupo encapuchado, resalta una práctica extendida en diversas regiones, donde la autorización del narco se vuelve indispensable para llevar a cabo actividades políticas.

Según un análisis realizado por Grupo REFORMA, estados como Chiapas, Morelos, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Estado de México y Michoacán destacan por ser áreas donde el crimen ejerce un control territorial significativo, limitando la libertad de los candidatos para realizar campañas sin poner en riesgo su seguridad.

Reportan candidatos que deben pedir permiso

La situación es alarmante, con reportes de amenazas, ataques e incluso asesinatos dirigidos a participantes en la contienda electoral. De acuerdo con cifras recopiladas, la mayoría de los 30 candidatos asesinados durante el proceso electoral actual fueron objeto de amenazas para que abandonaran sus candidaturas. En Chiapas, donde se renuevan cargos gubernamentales y legislativos, así como las alcaldías, los candidatos enfrentan serias restricciones para llevar a cabo eventos de campaña en diversas zonas del estado. La presión del crimen organizado se hace evidente, obligando a los aspirantes a solicitar autorización para cada paso que dan en el proceso electoral.

En otros estados como Morelos, Michoacán, Estado de México y Jalisco, los candidatos también se enfrentan a situaciones similares. Desde la coalición de partidos hasta candidatos individuales han sido objeto de intimidación y violencia, con el objetivo de coaccionar su participación en las elecciones. Las declaraciones de algunos líderes políticos revelan la gravedad de la situación. Willy Ochoa, candidato al Senado por el PRI, quien fue atacado en marzo pasado, señaló que aunque ha sido presionado por grupos delictivos, no abandonará su compromiso con el proceso democrático.

Estos incidentes plantean serias preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral en México y la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes libremente. La injerencia del crimen organizado amenaza la democracia y pone en riesgo la estabilidad y seguridad del país. En este contexto, es imperativo que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los candidatos y el respeto a la voluntad popular en las elecciones venideras.