• Crisis carcelaria en Coahuila: traslado de reclusos revela desafíos.
• El Centro de Reinserción Social de Monclova, que antes del traslado albergaba 300 internos, ahora se ve incrementado a 450.
• Esta situación en Coahuila es un microcosmos de una problemática nacional más amplia.

Monclova.- En un esfuerzo por enfrentar la crónica sobrepoblación en los penales de Coahuila, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado llevó a cabo un traslado masivo de 150 reclusos del penal de Saltillo al Centro de Reinserción Social de Monclova en la madrugada del martes. Esta acción, aunque necesaria, pone de relieve la persistente crisis de gestión carcelaria y las condiciones infrahumanas derivadas de la saturación de las prisiones.

El operativo, que concluyó con la llegada segura de los prisioneros a Monclova a las 7:20 horas, fue supervisado por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila, lo que destaca la preocupación por el respeto a los derechos fundamentales de los internos durante estos procesos. Sin embargo, más allá de la logística del traslado, esta medida subraya una realidad alarmante: los centros penitenciarios de Coahuila, y de México en general, sufren de una sobrepoblación que compromete la seguridad, la rehabilitación y los derechos humanos de los reclusos.

El Centro de Reinserción Social de Monclova, que antes del traslado albergaba 300 internos, ahora se ve incrementado a 450, una cifra que cuestiona la eficacia de las medidas temporales frente a problemas estructurales de fondo. Si bien el traslado cumple con el precepto constitucional de mantener a los procesados cerca de los juzgados pertinentes, también refleja la falta de una estrategia a largo plazo para solucionar la raíz del problema: la infraestructura insuficiente y las políticas punitivas que perpetúan el ciclo de reincidencia y violencia.

APOYO DEL EJÉRCITO Y GUARDIA NACIONAL

El apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en el operativo no solo demuestra la magnitud del problema, sino que también señala hacia una militarización de la gestión penitenciaria, una solución poco sostenible y cuestionable desde el punto de vista de los derechos humanos. La dependencia en fuerzas armadas para asegurar traslados de reclusos evidencia la severidad de la crisis y la urgencia de buscar soluciones integrales.

Esta situación en Coahuila es un microcosmos de una problemática nacional más amplia. México sigue lidiando con altas tasas de encarcelamiento y una infraestructura penitenciaria que es a menudo inadecuada para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. El traslado de reclusos es sólo una medida paliativa que, aunque proporciona alivio temporal, deja sin resolver el problema de fondo.

Es imperativo que las autoridades estatales y federales trabajen conjuntamente para implementar reformas judiciales que prioricen la rehabilitación sobre el castigo y que inviertan en la expansión y mejora de las instalaciones penitenciarias. Solo entonces, el sistema de justicia penal de México podrá esperar alcanzar sus objetivos de justicia y reinserción social de manera efectiva y humana.