• Incendio en centro de detención migratoria de Ciudad Juárez.

A medida que se acerca el primer aniversario del devastador incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, un comunicado emitido este martes por 39 organizaciones de la sociedad civil pone de relieve la falta de acción y responsabilidad por parte del Estado mexicano en el caso, especialmente del Instituto Nacional de Migración (INM), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El incendio, que ocurrió hace un año, resultó en la muerte de 40 migrantes después de que los agentes del INM los abandonaran en sus celdas. Según el comunicado, esta tragedia representa uno de los «peores crímenes de Estado contra la población migrante».

A pesar de la gravedad del incidente, no se ha logrado ninguna sentencia ni reparación integral del daño a las víctimas directas e indirectas.

Las organizaciones de la sociedad civil indican que este incidente no representa un caso aislado, sino que refleja directamente la política de contención migratoria implementada en México.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han registrado 41 motines y cuatro incendios en protesta por las condiciones inhumanas en los centros de detención del INM.

En su comunicado, las organizaciones exigen a la FGR y a los jueces de control de la PJF que ordenen la separación de su cargo de Francisco Garduño Yáñez, el comisionado del INM, para permitir una investigación y proceso penal independiente, imparcial y exhaustivo. Además, instan a las autoridades a dejar de obstaculizar la defensa de las víctimas directas e indirectas.

Incendio en centro de detención migratoria

La falta de acción y responsabilidad por parte de las autoridades competentes ha generado indignación y frustración entre las organizaciones de la sociedad civil y la población en general.

El silencio y la inacción solo perpetúan la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

Es fundamental que el Estado mexicano asuma su responsabilidad en este caso y en otros incidentes similares. Es fundamental no ignorar ni descuidar el deber de proteger los derechos humanos de todas las personas, sin importar su origen o estatus migratorio.

A medida que se conmemora el primer aniversario de esta tragedia, es imperativo que se tomen medidas concretas para garantizar la justicia y la reparación integral del daño a las víctimas.

El Estado mexicano debe demostrar su compromiso con los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad como los migrantes.