La actual Administración de Nuevo León ha favorecido a la empresa Suministro MYR, a la cual se le vincula con presuntas prácticas de corrupción, otorgándole un nuevo contrato millonario.

Esta adjudicación, por un monto de 28.9 millones de pesos, ha generado controversia debido a las acusaciones previas de triangulación de recursos del erario hacia el despacho jurídico del Gobernador Samuel García.

La tarde de ayer se anunció la noticia sobre este nuevo contrato, luego de dos diferimientos la semana pasada.

Estos aplazamientos ocurrieron después de que el Grupo REFORMA revelara el pasado 13 de marzo la presunta participación de MYR en un esquema de triangulación de recursos hacia el despacho jurídico del Gobernador y su padre.

El contrato otorgado a MYR implica el suministro de alimentos para los 11 planteles del Colegio Militarizado estatal, desde la fecha de adjudicación hasta el 20 de diciembre.

Esta empresa ha estado proporcionando servicios en otras dependencias gubernamentales, como penales y preparatorias militarizadas. Según el fallo, las partes deberán formalizar el contrato en los próximos 10 días hábiles.

El Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración del estado confirmó la contratación, luego de que MYR presentara una oferta ligeramente superior, en apenas 0.4 por ciento, a la de su único competidor, la empresa Comertam.

El fallo establece que deben formalizar el contrato en los próximos 10 días hábiles.

Empresa favorita de Samuel García: Suministro MYR

Datos revelados por el Grupo REFORMA muestran que MYR ha facturado 964 millones de pesos a la Administración de García y ha transferido 237 millones a Proveedor de Productos Mexicanos Jace, empresa con la que comparte un socio principal, José Antonio Álvarez López.

A su vez, Jace ha transferido al menos 202 millones de pesos al despacho del Gobernador y su padre, según facturas que datan del inicio del sexenio en octubre del 2021.

A pesar de estas revelaciones, el Gobernador y su despacho no han aclarado las acusaciones de triangulación de recursos ni los pagos a Jace. García atribuyó estos pagos a servicios legales prestados desde 2017, pero comenzaron a ser cobrados en octubre del 2021, apenas 11 días después del inicio de su Administración.

En respuesta a estas acusaciones, el Congreso local aprobó un exhorto para que la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Contraloría estatal investiguen los pagos a MYR y cualquier posible irregularidad relacionada con la triangulación de recursos.

Además, la bancada de Movimiento Ciudadano anunció su intención de promover un juicio político contra los encargados de las fiscalías, alegando que actúan como comparsas de las bancadas del PAN y el PRI.

Empresa favorita de Samuel García: Suministro MYR