Durante los primeros nueve meses del 2023, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha recibido 238 expedientes que documentan presuntas violaciones a los derechos humanos en contra del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el estado de Coahuila.

Las principales violaciones reportadas por la CNDH incluyen la omisión en la atención médica, acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, falta de suministro de medicamentos, prestación indebida de servicios públicos, omisión en la custodia y protección, así como la falta de información a familiares sobre el arresto, detención, traslado, estado físico y psicológico, y situación jurídica de las personas.

El abogado penalista Jesús Jasso Fraire subraya que, independientemente del proceso legal en curso, los derechos humanos son inalienables y deben ser respetados. Destaca que, incluso cuando una persona está siendo procesada o cumpliendo una condena, debe recibir un trato digno y estar ubicada en un espacio adecuado acorde al tipo de delito por el cual está siendo juzgada.

Fraire resalta que la presunción de inocencia es un principio fundamental, y aunque las personas estén siendo procesadas, deben gozar de este derecho hasta que se demuestre lo contrario. Además, destaca que la ley mexicana, especialmente a través del nuevo sistema penal acusatorio, enfatiza en la prisión preventiva solo en casos excepcionales, donde exista un temor fundado de fuga o riesgo para la víctima o testigos.

El abogado señala que, a pesar de las garantías legales y los derechos establecidos en la Constitución Política y tratados internacionales, en la práctica, el abuso de la prisión preventiva ha sido evidente. Afirma que las autoridades han optado por mantener a un elevado número de personas detenidas durante el proceso, a pesar de que deberían estar en libertad.

En relación con las condiciones en los Centros de Readaptación Social, Jesús Jasso Fraire subraya la importancia de un trato digno, espacios adecuados, y servicios básicos. Además, destaca que los procedimientos disciplinarios impuestos a los reclusos a menudo violan los derechos humanos, y los castigos, como la limitación de visitas, exceden lo permitido por la ley.

La tarea de la Unidad Municipal de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Torreón incluye la protección de los ciudadanos contra el ejercicio indebido de quienes están en la función pública. El titular, Miguel Ángel Urrutia de la Torre, destaca la importancia de la capacitación para mejorar el ejercicio de la función policial y fortalecer la confianza ciudadana.

El panorama revela la necesidad de abordar y corregir las violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios y garantizar que el sistema legal y de justicia funcione de acuerdo con los principios fundamentales de respeto y dignidad para todas las personas, independientemente de su situación legal.