En Coahuila, la falta de políticas y programas específicos para la atención y tratamiento de la población adicta ha sido señalada por especialistas y testimonios recogidos en centros de rehabilitación. La perspectiva predominante de abordar la adicción a sustancias psicoactivas como un asunto judicial en lugar de un tema de salud pública ha generado críticas.

Según Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura de Documenta, A.C., la necesidad de estrategias de salud es evidente.

Ferrer destaca la contradicción de involucrar al sistema de justicia penal en el tratamiento de adicciones, abogando por políticas de tratamiento que se centren en la salud y no en la seguridad pública.

Un ejemplo preocupante es el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la región sureste de Coahuila, cuyos datos revelan que el 96.7% de las personas detenidas entre 2016 y agosto de 2023 fueron arrestadas por posesión simple de narcóticos. El enfoque punitivo se refleja en la reincidencia reportada del 20%.

El Poder Judicial de Coahuila informa que en 2022 se atendieron ocho mil 500 causas penales por narcomenudeo en el Estado, siendo cinco mil de ellas por posesión simple de drogas.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, destaca la necesidad de focalizar el problema no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente, abogando por una política pública adecuada y los recursos necesarios para un abordaje más efectivo y orientado hacia la rehabilitación de las personas afectadas por las adicciones.