En los últimos tres años, colectivos feministas y defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Coahuila señalan un preocupante riesgo para esta población, especialmente en delitos de alto impacto, principalmente delitos sexuales. Un informe presentado en Torreón destaca que la situación ha empeorado, y que el estado ha fallado en la protección de la población menor de 18 años.

La investigación, llevada a cabo durante más de dos años por activistas Ariadne Lamont Martínez y Jairo Edgardo Torres, muestra que, incluso antes de la emergencia sanitaria por COVID-19, Coahuila ya registraba delitos de alto impacto contra niños y niñas, pero durante el confinamiento se observó un aumento, especialmente en delitos sexuales.

Según el censo del INEGI de 2021, la población menor de 18 años en Coahuila es de 982,841, equivalente al 31.23% de la población total del estado. Las cifras alarmantes indican un aumento significativo en delitos sexuales contra menores, con el Poder Judicial resolviendo 53 casos de violación equiparada en personas menores de 15 años y 63 casos de abuso sexual en el año 2021, comparado con 15 y 4 casos respectivamente en 2017.

El informe destaca la necesidad urgente de implementar una Alerta por los Derechos de las Infancias en respuesta a estos hallazgos. La tendencia al alza subraya la falta de garantías por parte de las autoridades para prevenir la repetición de conductas delictivas contra esta vulnerable población.