Este martes, la marea verde en México logró un importante avance en la lucha por los derechos de las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una histórica decisión al despenalizar el aborto a nivel federal en todo el país de manera unánime.

Esta determinación obliga a las instituciones de salud pública federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Pemex, a proporcionar este servicio de forma gratuita.

Este hito marca un nuevo paso hacia la libertad de elección en la interrupción del embarazo, después del importante precedente establecido en 2021.

Hace exactamente dos años, la Suprema Corte fortaleció la causa feminista al dictaminar que ninguna mujer podía ser encarcelada por interrumpir su embarazo, lo que obligó a los jueces a desechar los casos penales relacionados con el aborto.

Asimismo, la SCJN instruyó al Estado de Coahuila a modificar su código penal, siendo este el primer paso para que otros estados de México reformaran sus leyes para eliminar las sanciones por la interrupción del embarazo, ya que el tribunal máximo de México prohibía imponer penas. Sin embargo, el progreso ha sido desigual desde entonces, y solo 11 estados, de los 32, habían reformado sus legislaciones.

En esta ocasión, gracias a un amparo presentado por la organización feminista Gire, la Primera Sala de la Corte resolvió que «es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar».

Esta decisión implica varios avances significativos: no solo se evita la criminalización del aborto, sino que también se obliga a las instituciones de salud federales a brindar este servicio de forma gratuita. Este último punto era una de las principales demandas de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.

Además, esta decisión conlleva la modificación del Código Penal Federal para eliminar el delito de aborto, que previamente se definía como «la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez» y estipulaba penas de uno a tres años para quienes «hagan abortar a una mujer», incluso con su consentimiento. También imponía inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que llevaran a cabo esta práctica.

Isabel Fulda, subdirectora de Gire, destacó la importancia de esta victoria, no solo por la eliminación del estigma asociado al aborto, sino también porque ahora se allana el camino para que los servicios de interrupción del embarazo estén disponibles en las instituciones de salud federales, que atienden a la mayoría de la población mexicana.

Sin embargo, señaló que la implementación efectiva del acceso al aborto aún representa un desafío, que incluye la provisión de recursos y la capacitación del personal médico.

La lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en México aún no ha concluido en el ámbito judicial. Aunque se permite el acceso parcial al aborto en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo en algunos estados, el objetivo es ampliar este acceso y eliminar completamente el delito de aborto de los códigos penales, siguiendo el ejemplo de países como Colombia, donde el aborto está despenalizado hasta las 24 semanas y se trabaja para su eliminación total de las leyes penales.

En este contexto, Gire ha presentado 21 amparos en los estados que aún deben modificar sus códigos penales, lo que podría generar un efecto dominó y acelerar el proceso de despenalización en todo México.