El Consejo Superior de Deportes (CSD) se encuentra en una posición difícil para suspender a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) haya decidido abrir un expediente solo por falta grave, descartando la acusación de abuso de poder relacionada con un beso a Jennifer Hermoso.

Esta determinación del TAD representa un revés para el Gobierno, ya que impide al presidente del CSD, Víctor Francos, tomar medidas provisionales de sanción contra Rubiales en un plazo de 48 horas. Ante esta situación, el CSD planea solicitar al TAD una medida cautelar para la suspensión provisional de Rubiales hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El Gobierno busca, con esta estrategia, que quede claro ante la sociedad que Rubiales no sea suspendido provisionalmente, a menos que la FIFA imponga una sanción más severa.

La vuelta de Rubiales a su cargo a partir del 21 de noviembre sería perjudicial para la imagen de España, según el Gobierno de Pedro Sánchez.

Dado que la nueva Ley del Deporte aún no está completamente desarrollada, la denuncia del CSD se basó en la Ley de 1990, acusando a Rubiales de abuso de poder debido al beso a Hermoso durante las celebraciones del título Mundial en Sídney.

También mencionaba un comportamiento indecoroso por tocarse los genitales en el palco. Según la legislación actual, el abuso de poder se considera muy grave, pero el TAD no lo ha corroborado en este caso.

Las actitudes indecorosas se clasifican como falta grave. Por esta razón, Rubiales se enfrentará a un proceso de sanción por este motivo. Sin embargo, en la nueva ley en proceso de desarrollo, los gestos obscenos en el palco del presidente se considerarían muy graves. Si esta ley estuviera en vigor, el Gobierno tendría la capacidad de suspender a Rubiales.

La apertura del expediente marca el comienzo del proceso sancionador del TAD. Las sanciones graves, según la Ley del Deporte de 1990, varían de uno a dos años de inhabilitación.

El pasado sábado, la FIFA también abrió un expediente contra el presidente federativo y le impuso una suspensión de 90 días, un giro inesperado para Rubiales, quien se aferra a su cargo.

A pesar de la petición unánime de dimisión por parte de los presidentes de las territoriales en una reunión el lunes pasado, Rubiales se niega a dimitir. Con las sanciones definitivas pendientes, tanto la FIFA como el Gobierno buscan limitar su margen de maniobra y su permanencia como dirigente en el fútbol nacional e internacional parece estar en riesgo, a pesar de la tibieza del TAD.