La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado que el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, podría ser puesto en libertad en las próximas horas mediante el pago de una fianza de 500,000 pesos, equivalentes a unos 30,000 dólares. Hernández ha estado detenido desde 2017, inicialmente por un delito local relacionado con la apropiación de un extenso terreno estatal de 1,600 hectáreas. Sin embargo, posteriormente, Estados Unidos solicitó su extradición por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y operación de un negocio de embarcaciones sin licencia.

La FGR ha informado que «el Juez Genaro Antonio Valerio Pinillos, Juez Primero de Distrito en el estado de Tamaulipas, en el juicio de amparo 788/2018, concedió la libertad durante el juicio de extradición 1/2017 seguido contra Hernández».

La Fiscalía sostiene que esta liberación refleja una conducta judicial inaceptable que podría facilitar la fuga de un fugitivo buscado por autoridades extranjeras, y critica la garantía considerada ilusoria.

La FGR argumenta que, a pesar de la aprobación de la extradición de Hernández por un juez federal en enero de 2018 y la posterior aprobación del Gobierno mexicano en marzo de 2018, el proceso se ha prolongado debido a la presentación de una demanda en contra del acuerdo de extradición en abril de 2018.

El juez encargado de este caso otorgó una suspensión de plano para detener la ejecución de la extradición, aunque aún no ha resuelto el juicio de amparo. A pesar de esto, el juez ha concedido la liberación de Hernández argumentando que no había una orden de prisión preventiva.

En respuesta, el abogado de Hernández, Javier López, ha declarado que su cliente será liberado y podrá continuar su proceso legal desde la libertad que nunca debió haber perdido. López también destacó que Hernández podrá abordar las cuestiones legales pendientes y demostrar su inocencia.

Las acusaciones en Estados Unidos señalan que Hernández, junto con su cuñado, estableció empresas ficticias para desviar fondos públicos del gobierno de Tamaulipas a través de contratos falsos. Utilizaron cuentas bancarias en Estados Unidos para depositar estos fondos robados y lavar el dinero mediante transacciones basadas en información falsa.

Esta decisión del juez de amparo agrega un nuevo capítulo a la disputa entre el Gobierno y el poder judicial en México. El Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en repetidas ocasiones a jueces federales y locales por decisiones que considera perjudiciales y motivadas por intereses personales.

Esta semana, el Gobierno señaló públicamente a varios jueces por decisiones que considera injustificadas, bajo el lema «jueces que favorecen a delincuentes».