La propuesta de México de prohibir el uso de maíz transgénico ha desencadenado una nueva fuente de tensión internacional, esta vez con Canadá. El viernes pasado, el gobierno liderado por Justin Trudeau anunció su participación en el panel de controversias iniciado por Estados Unidos en relación al uso de maíz genéticamente modificado en productos como tortillas y masa.

La decisión canadiense se basa en preocupaciones compartidas con Estados Unidos sobre la falta de cumplimiento por parte de México de las obligaciones científicas y de análisis de riesgos bajo el capítulo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del CUSMA (TMEC). Según la Administración canadiense, las medidas adoptadas por México carecen de respaldo científico y podrían afectar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano.

La ministra de Comercio canadiense, Mary NG, y el ministro de Agricultura, Lawrence MacAulay, respaldan la decisión de unirse al panel de controversias, cuya solicitud fue presentada por Estados Unidos el 17 de agosto. Canadá busca garantizar la estabilidad y la resiliencia de su sector agrícola en los años venideros.

En México, el Gobierno de López Obrador ha buscado prohibir el uso de maíz genéticamente modificado desde 2020, argumentando la protección del maíz nativo y la salud de la población frente a los agroquímicos.

A pesar de la controvertida medida, la cual prohíbe el uso del grano para consumo humano desde el 13 de febrero, ha surgido una tensión internacional debido a las exportaciones anuales de más de 5.000 millones de dólares en maíz desde Estados Unidos hacia México.

México es el principal importador de maíz estadounidense, comprando más de 15 millones de toneladas del grano cada año. Mayoritariamente, este maíz amarillo se destina al forraje animal y se cultiva mediante transgénicos.

A diferencia del maíz blanco, que es destinado al consumo humano y del cual México es autosuficiente, el país depende de las importaciones para cubrir gran parte de su demanda de maíz amarillo.

Después de cinco meses de reuniones trilaterales en las primeras consultas de resolución, no se llegó a un acuerdo, lo que llevó a Estados Unidos a solicitar un panel de controversias para resolver el conflicto. Este panel busca detener la implementación del decreto mexicano. Se espera una resolución final en 2024.

A pesar de la oposición de Canadá y Estados Unidos a la prohibición del maíz transgénico, el Gobierno de López Obrador se mantiene firme en su decisión.

La Secretaría de Economía ha manifestado su disposición para defender la posición mexicana ante el panel internacional, argumentando que la regulación nacional cumple con los compromisos del Tratado y que las medidas cuestionadas no afectan el comercio.

México planea formar un grupo de investigadores respaldado por diversas entidades gubernamentales para respaldar su posición.

El presidente López Obrador ha defendido esta postura en varias ocasiones, subrayando que la prioridad es la salud de los consumidores y negando que México esté violando el TMEC.