Víctimas de diversos delitos cerraron el acceso a las instalaciones del Edificio Coahuila, en Torreón, para expresar la inconformidad por las prácticas de la Procuraduría de los Niños Niñas y Familia (PRONNIF) y de otras instancias de impartición de justicia.

La intención, era que las autoridades voltearan a ver su situación y sobre todo, que los cuatro candidatos a la gubernatura, «sepan que las cosas en Coahuila no están bien», informó Ariadne Lamont, representante de la asociación.

Nallely Salazar, una de las manifestantes, contó que hace 4 años fue sustraída su hija por su expareja y a la fecha no hay ningún avance ni indicio para saber del paradero de la menor. Aseguró que hay personas que colaboraron para la sustracción, retención y ocultamiento de su hija.

Desde las 8:00 horas, un grupo de al menos 20 personas, entre padres y madres de familia y otras víctimas, cerraron la reja principal con un pañuelo y cinta adhesiva, así como con los rostros de los pequeños que se encuentran sustraídos por sus propios padres, además pancartas con sus exigencias.

“No hay nada en contra de las personas. Hago un llamado para que se busque a mi hija y se siga el proceso en contra de estas personas”, comentó Salazar.

Mónica Elizabeth Esparza, quien hace 10 años fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Torreón, quedando 7 años presa y quedando absuelta.

«Me tienen que hacer una reparación de la cual no han hecho. Mi caso está con el director Jurídico de la Policía Municipal, me pasó su contacto pero nunca me contesta. Al último me dijo que lo que me pasó a mi, él no estaba y no puede hacer una reparación», manifestó.

Ricardo, un padre de familia, contó que su hija fue víctima del delito de violación equiparada en persona menor de 15 años y denunció que la jueza encargada del caso de su hija, no juzgó con perspectiva de género ni de infancias.

«Soy padre de una niña que fue víctima de violación y mi protesta es en contra del Poder Judicial, ya que para empezar una víctima no elige estar en ese lugar, mucho menos una niña», dijo el padre de familia, quien señaló a una juez de «desvirtuar un dictamen ginecológico», favoreciendo al agresor.

Ariadne Lamont de Activistas Feministas de La Laguna, mencionó que los y las manifestantes son víctimas de un delito no resuelto por dos, cuatro o seis años.

«Como el escenario para comunicarnos con la ciudadanía, para pedirle una disculpa porque estamos rompiendo la ilusión de que todo está bien, con esto estamos diciéndole ojo, no es cierto que las cosas están bien. Son víctimas de casos que no ha se han resuelto a pesar de que unos tienen seis años, cuatro años… no avanzan», explicó.

Lamont también pidió más recursos y capacitación para la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).