• Coahuila aprueba reforma integral contra la extorsión.
• Creó una unidad especializada para atender denuncias de este delito.
• La reforma armoniza la ley local con el marco federal y amplía las capacidades institucionales para combatir la extorsión.

Saltillo, Coahuila.– El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal de Coahuila y a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública, con las que se armoniza la legislación local con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de ampliar el alcance institucional para el combate a este delito.

Con estas modificaciones, Coahuila se convierte en la primera entidad del país en ir más allá de la armonización legal, al crear una Unidad de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrita al Centro Estatal de Atención de Emergencias y Contacto Ciudadano, y al fortalecer las atribuciones de las autoridades estatales en materia de prevención, investigación y atención a víctimas.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la extorsión se ha transformado en uno de los delitos que más afectan a la sociedad mexicana, al evolucionar de prácticas aisladas a un mecanismo sistemático de control territorial y financiamiento del crimen organizado.

En el ámbito federal, la nueva Ley General establece un marco jurídico integral que tipifica de manera uniforme el delito de extorsión, fortalece las capacidades de investigación y sanción, y contempla mecanismos de atención, protección y reparación para víctimas, ofendidos y testigos.

Las entidades federativas están obligadas a armonizar su legislación local con dicho ordenamiento, por lo que la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal plantea las reformas necesarias para cumplir con esta disposición y reforzar las capacidades institucionales para enfrentar este delito.

Entre los cambios aprobados, destaca la adopción de un tipo penal uniforme a nivel nacional, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica, evitar interpretaciones divergentes entre estados y facilitar la coordinación entre autoridades encargadas de la investigación y persecución del delito.

Asimismo, la reforma incorpora un enfoque integral de política pública, al ampliar las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en materia de prevención y combate a la extorsión, además de prever el uso de herramientas tecnológicas y mecanismos de georreferenciación, ante un delito caracterizado por su alta cifra negra y el uso de medios tecnológicos para su comisión.

El dictamen señala que estas medidas buscan fortalecer la protección del patrimonio y la tranquilidad de las familias coahuilenses, así como dar continuidad a la estrategia de seguridad en la entidad.