• García Luna impugna su condena de 38 años en EU.
• Alegando testigos falsos, violaciones al debido proceso y una pena desproporcionada.
• Un caso que sigue sacudiendo la política mexicana y la relación con Washington.

El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, impugnó la sentencia de 38 años de prisión impuesta en 2024 por una corte de Estados Unidos, declarado culpable de colaborar con el Cártel de Sinaloa durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012).

La defensa del exfuncionario sostiene que el juicio estuvo marcado por violaciones graves al debido proceso, principalmente por la validación de testimonios falsos y sin credibilidad, así como por decisiones del propio juez del caso, Brian Cogan, que habrían contaminado de forma irreversible el procedimiento.

“La condena impuesta a García Luna fue procedimental y sustancialmente no razonable, se basó en información errónea y fue sorprendentemente mayor a lo necesario para satisfacer los fines de la sentencia”, señala el recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Nueva York por el abogado Cesar de Castro, documento al que tuvo acceso EL PAÍS y que fue adelantado por Milenio.

Testigos clave bajo cuestionamiento

Uno de los ejes centrales de la apelación es el señalamiento de declaraciones falsas de testigos colaboradores de la Fiscalía. Entre ellos destaca Francisco Cañedo Zavaleta, exagente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien afirmó haber presenciado en 2008 un supuesto secuestro de García Luna por parte de los Beltrán Leyva, como represalia por su colaboración con Joaquín El Chapo Guzmán.

La defensa sostiene que esa versión contradicha por otros testigos y, además, refutada por documentos oficiales, entre ellos registros que ubican a García Luna en un hospital el mismo día y hora del presunto secuestro. A esto se suma un documento del ISSSTE que demostraría que Cañedo Zavaleta no era empleado de la SSP en la fecha señalada.

Otro testimonio impugnado es el de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila durante el gobierno de Rubén Moreira, quien aseguró que García Luna le mostró en 2009 el sistema de espionaje Pegasus en las instalaciones de El Búnker de la Policía Federal.

La defensa afirma que ambos hechos son imposibles, ya que El Búnker se construyó hasta noviembre de 2009 y Pegasus desarrollado en 2010, siendo adquirido por México un año después.

Acusaciones contra el juez y la Fiscalía

El recurso también acusa al juez Cogan de permitir la exhibición de propiedades y bienes del acusado sin relación directa con los cargos, lo que —según la defensa— influyó negativamente en la percepción del jurado.

“Esta evidencia fue altamente perjudicial e indujo al jurado a inferir su culpabilidad”, señala el escrito.

Además, los abogados denuncian que la Fiscalía utilizó testimonios genéricos sobre la corrupción en México para construir una narrativa incriminatoria, aun sin poder vincular de manera directa los bienes de García Luna con actividades ilícitas.

“Socio confiable de Estados Unidos”

Como parte de su argumentación, la defensa describe a García Luna como un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, recordando certificado por agencias de seguridad estadounidenses y que, durante su gestión, se logró la captura y extradición de nueve líderes del crimen organizado que posteriormente testificaron en su contra.

También subraya que el exembajador estadounidense Anthony Wayne declaró no tener conocimiento de indicios de corrupción por parte del exfuncionario mexicano.

Sentencia “desproporcionada”

Finalmente, la apelación califica la pena de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares como desproporcionada, especialmente considerando la edad de García Luna (57 años) y su conducta durante el tiempo que permaneció preso previo al juicio.

El caso de García Luna considerado uno de los procesos judiciales más explosivos en la relación México–Estados Unidos, al tratarse del funcionario mexicano de más alto nivel enjuiciado y sentenciado por vínculos con el crimen organizado, con profundas repercusiones políticas en México por su cercanía con el expresidente Calderón y el PAN.