• Ley de Aguas de Sheinbaum avanza entre protestas.
• pese a los bloqueos y reclamos de campesinos que acusan “traición” y advierten movilizaciones en todo el país.
• El punto más polémico: las concesiones de agua ya no podrán heredarse ni venderse, regresarán al Estado para su reasignación.

El Congreso está a horas de cerrar el proceso legislativo de la nueva Ley de Aguas impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con los votos de Morena y sus aliados, el Senado aprobó la noche de este jueves, por la vía rápida, la polémica legislación que ha detonado semanas de bloqueos, protestas y movilizaciones campesinas en más de veinte Estados del país.

Pese a la presión social, el bloque oficialista desestimó las advertencias de organizaciones del campo que paralizaron carreteras, garitas, aduanas y puentes internacionales para intentar frenar la aprobación. Para los líderes agrícolas, el resultado es un engaño.

“Es una traición porque estuvimos durante un mes trabajando; tuvimos avances importantes para el campo y de pronto todo se terminó”, acusó Eráclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate al Campo y exdiputado del PT. Aunque reconoció que Morena introdujo cambios que suavizan algunos efectos, aseguró que las modificaciones no resuelven el problema de fondo.

Los productores buscaban que el coordinador morenista en el Senado, Adán Augusto López, incorporara cláusulas clave en la redacción final, pero no hubo acuerdo. La oposición, por su parte, defendió la legislación hasta el último momento y denunció su motivación política.

“Digan: ‘Queremos el control político y no creemos en la propiedad privada’. Voten a favor de eso y nosotros votaremos en contra”, lanzó Ricardo Anaya, líder del PAN en el Senado. Cuestionó que la reasignación de concesiones quede sujeta al criterio de la autoridad: “Podrás vender tu tierra, pero el agua regresa al Gobierno”.

Desde el PRI, la senadora Paloma Sánchez afirmó que el dictamen persigue tres objetivos: centralizar el control del agua, redistribuir volúmenes según conveniencia política y limitar la libertad de los productores en un mercado competitivo.

El oficialismo respondió recordando que los gobernadores opositores firmaron hace un año el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua, que incluía reformas a la Ley de Aguas Nacionales. “No se hagan que la virgen les habla”, reviró la senadora morenista Andrea Chávez.

El punto de mayor tensión: las concesiones

Aunque los campesinos han moderado su discurso porque algunos cambios atienden parcialmente sus preocupaciones, el punto más conflictivo permanece intacto: las concesiones de agua ya no podrán transmitirse entre particulares, sino que deberán regresar al Estado para que Conagua las reasigne.

El Gobierno justifica esta medida como un paso necesario para frenar el mercado ilegal de concesiones. Sin embargo, los productores advierten que esto les impedirá heredar o vender sus tierras, ya que sin el derecho al agua su valor se desploma, lo que —afirman— terminará beneficiando a grandes empresas capaces de adquirir terrenos a precios mínimos.

La polémica frase que cierra la puerta a sus demandas se mantuvo sin cambios:
“Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión.”

Un campo en indignación y una movilización en la mira

En la recta final del proceso, las organizaciones campesinas han optado por el silencio público, pero anunciaron que incrementarán sus protestas en las próximas horas. Una de sus posibles acciones es cercar la concentración convocada por Sheinbaum y Morena este sábado en el Zócalo, para sabotear el séptimo aniversario del movimiento en el poder.

Mientras tanto, en el Senado continúa la discusión en lo particular con decenas de reservas que difícilmente cambiarán el rumbo de una ley a punto de enviarse al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Para sus críticos, estos cambios son solo “cosméticos” y representan el último clavo al ataúd del campo mexicano.