• Diputados aprueban en lo general la nueva Ley de Aguas.
• Reconoce el derecho humano al agua, prohíbe el acaparamiento y establece sanciones de hasta ocho años de prisión.
• Incluye ajustes solicitados por organizaciones campesinas y mantiene el derecho a heredar o vender concesiones vinculadas a propiedades.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum. El dictamen establece el derecho humano al agua, prohíbe su acaparamiento y crea un nuevo capítulo de delitos hídricos con sanciones de hasta ocho años de prisión.

La discusión avanzó en “fast-track”, pese a la oposición de la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, quien se pronunció contra la dispensa de trámites. Morena y sus aliados avalaron el procedimiento para continuar con el análisis en lo particular.

Ajustes y adiciones

El proyecto integra más de 50 modificaciones derivadas de las demandas de organizaciones campesinas. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que se incorporarán nuevos cambios durante la votación particular.

Uno de los temas centrales es la disposición que garantiza que toda persona tenga acceso al agua como derecho humano, lo que implicará que el Estado prevenga, investigue y sancione violaciones en esta materia.

También se incorporó una adición que reconoce el derecho de los productores agrícolas a vender o heredar sus concesiones de agua, previo aval de la autoridad. Sin embargo, diputados del PRI cuestionaron esta modificación al considerar que la propia ley establece que los derechos en las concesiones no podrán transmitirse libremente.

Delitos y sanciones

El dictamen aprobado crea el capítulo de Delitos contra las Aguas Nacionales, con penas de tres meses a cinco años de prisión para quienes alteren o desvíen cauces sin autorización y provoquen afectaciones hidráulicas o riesgos a la población y bienes.

Se exceptúa de estas sanciones a quienes realicen dichas acciones para uso personal, doméstico o agropecuario familiar.

Servidores públicos o usuarios que gestionen concesiones mediante dádivas podrán enfrentar hasta ocho años de cárcel.

Cambios relevantes

Entre las modificaciones se incluye mantener el derecho de propietarios a vender o heredar tierras acompañadas del título de concesión de agua. La autoridad tendrá hasta 20 días hábiles para resolver trámites de reasignación en casos de transmisión de propiedad, fusiones o derechos sucesorios.

Objetivos de la iniciativa

Efraín Morales López, director de la Conagua, afirmó que la ley busca garantizar el derecho humano al agua, recuperar la rectoría del Estado sobre las aguas nacionales y evitar que el recurso sea utilizado como mercancía.

De aprobarse en su totalidad, el marco legal transformaría la forma en que se otorgan y supervisan las concesiones, lo que genera expectativas de mayor justicia hídrica, pero también incertidumbre entre productores agrícolas que dependen del riego para mantener su actividad.