• Sheinbaum defiende su Ley de Aguas.
• Atribuye motivaciones políticas a los bloqueos carreteros en 22 estados.
• Productores temen perder concesiones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, salió este martes en defensa de la iniciativa de Ley General de Aguas, uno de los proyectos más controvertidos de su administración y que busca reorganizar las concesiones otorgadas a particulares en sexenios pasados. La medida ha desatado el rechazo de sectores agrícolas y empresariales, que este lunes realizaron bloqueos de hasta diez horas en 40 carreteras federales de 22 estados.

Sheinbaum blindó el núcleo de su propuesta, aunque abrió la puerta a realizar ajustes durante los foros públicos previos a su discusión en el Congreso. Sin embargo, atribuyó a “motivaciones políticas” parte de las protestas:
“Hay quien se manifiesta para mantener privilegios que ya no queremos que existan”, afirmó desde Palacio Nacional.

Protestas que rompen la narrativa de estabilidad

Las movilizaciones de transportistas y productores golpearon la narrativa oficial de “paz política” que el Gobierno presume. Los primeros denunciaron robos y extorsiones en carreteras bajo vigilancia de la Guardia Nacional; los segundos exigieron precios garantizados para sus cosechas.

Respecto a la Ley de Aguas, agricultores señalaron que el eventual retiro de concesiones de uso agrícola podría depreciar sus tierras e impedir su venta o herencia, lo que consideran un golpe patrimonial.

“No se puede mercantilizar el agua”

Sheinbaum insistió en que el corazón de la reforma es impedir la mercantilización del agua por privados. Explicó que la ley contempla inversión pública para tecnificar los distritos de riego —que consumen cerca del 80% del agua nacional— a fin de reducir su uso. A cambio, los concesionarios deberán regresar al Estado el excedente de agua no utilizada.

La presidenta señaló como ejemplo los casos de concesionarios que venden agua a municipios sin pagar derechos, al operar bajo permisos agrícolas exentos de impuestos:
“Ese tipo de privilegios ya no pueden continuar”, dijo.

Llamado al diálogo y rechazo al uso de la fuerza

Pese a que el cierre de carreteras constituye un delito federal, la mandataria descartó el uso de la fuerza contra los manifestantes y reiteró que existen mesas de negociación abiertas tanto en Gobernación como en la Cámara de Diputados.

“No vamos a caer en la provocación de la represión”, aseguró, al tiempo que cuestionó la necesidad de paralizar vías cuando existen mecanismos de diálogo:
“No hay razón para cerrar carreteras, a menos que quieran defender algún privilegio”.