• Familia Jensen traficó crudo robado por el CJNG.
• Lavó millones y terminó financiando a una organización señalada como terrorista.
• Documentos de la DEA y un testigo clave destapan una red que involucra a Pemex, aduanas y operadores del cártel.

El juicio contra la familia Jensen en Estados Unidos ha destapado nuevos detalles sobre el esquema criminal que permitió introducir al país miles de cargamentos de crudo robado a Pemex, en una operación ligada directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Documentos judiciales y testimonios revelan que la familia —encabezada por el empresario James Lael Jensen— habría traficado petróleo durante siete años, lavado millones de dólares y financiado a una organización que el expresidente Donald Trump catalogó como terrorista.

Un testigo clave que conectó a los Jensen con el CJNG

Las autoridades estadounidenses trabajan con un testigo protegido identificado como CI-1, un empresario que operó como intermediario entre los Jensen y líderes del CJNG. De acuerdo con la DEA, el testigo mantenía vínculos directos con figuras como Iván Cazarín Molina, El Tanque, y César Morfín Morfín, Primito, jefes del robo y contrabando de hidrocarburos sancionados en 2024 por el Departamento del Tesoro.

CI-1 relató que, tras años trabajando legalmente en la importación de combustibles, fue extorsionado y posteriormente cooptado por el CJNG, lo que lo llevó a controlar carreteras, cobrar cuotas y sobornar a funcionarios en México para facilitar el tráfico de crudo robado a Pemex.

También describió un mecanismo mediante el cual agentes aduanales mexicanos falsificaban documentos para exportar petróleo hacia Estados Unidos, el cual luego era comercializado como si se tratara de otro tipo de sustancias para evadir impuestos.

Más de 4.000 cargamentos y 300 millones de dólares en ganancias

La nueva acusación presentada por Washington señala que, entre enero de 2018 y enero de 2025, la familia Jensen introdujo ilegalmente 4.170 cargamentos de petróleo crudo, cifra superior a los 2.881 mencionados inicialmente.

El petróleo era enviado a la empresa familiar Arroyo Terminals LLC, ubicada en Rio Hondo, Texas. Las operaciones dejaron ganancias estimadas en 300 millones de dólares.

Los principales señalados son:

• James Lael Jensen, patriarca, de 68 años
• Maxwell Jensen, uno de sus hijos
• Kelly Anne Jensen, esposa de James (en libertad condicionada)
• Zachary Golden Jensen, segundo hijo (también en libertad condicionada)

¿Sabían que trataban con el CJNG? La clave del juicio

La defensa de los Jensen sostiene que la familia nunca supo que el crudo provenía del CJNG y que sus únicos tratos eran con el bróker, el testigo CI-1.

No obstante, documentos de la DEA indican que:

• Hubo transacciones directas de dinero entre Zachary Jensen y CI-1.
• CI-1 asistió a reuniones portando micrófonos y grabó llamadas telefónicas con los Jensen.
• En un encuentro en Dallas —parte de una operación encubierta— el testigo habló explícitamente de sus vínculos con el CJNG, mencionando líderes por nombre y recordando que Trump había clasificado al cartel como terrorista.

Ese encuentro habría servido para demostrar que los Jensen estaban al tanto de la naturaleza criminal de sus proveedores.

Funcionarios de Pemex, aduanas y una red binacional

CI-1 también aseguró que el CJNG robaba el crudo directamente de tomas clandestinas en oleoductos, con ayuda de funcionarios corruptos de Pemex, y que una compañía estadounidense—cuyo nombre no aparece en los documentos—era compradora habitual del combustible.

El testigo detalló la estructura interna del CJNG involucrada en el negocio del huachicol y mencionó a otros operadores identificados como El H, Chuy 7, El X, Nareda y Chimuelo.

Arrestos y acusaciones graves

Tras semanas de escuchas y reuniones supervisadas por la DEA, los Jensen fueron arrestados el 23 de abril de 2025.
El Gobierno estadounidense los acusa de:

• Contrabando de hidrocarburos
• Declaraciones falsas para evadir impuestos
• Lavado de dinero
• Financiamiento a una organización criminal terrorista

Este último punto es el más grave: si el Tribunal determina que los Jensen sabían que operaban con el CJNG —como sugiere el relato del testigo colaborador— podrían enfrentar penas significativamente más altas.