• México rechaza ante ONU que desapariciones sean sistemáticas.
• La Cancillería asegura que el fenómeno está vinculado con la delincuencia organizada, mientras colectivos y expertos sostienen lo contrario.
• Colectivos y expertos acusan que el país sigue sin reconocer la dimensión real del problema.

El Gobierno de México rechazó formalmente ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) que las desapariciones de personas en el país sean sistemáticas o generalizadas, en respuesta al proceso iniciado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) para evaluar esa posibilidad.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que la desaparición de personas es “un delito grave que se combate en México mediante una política de Estado basada en la prevención, la investigación y la sanción”.

El procedimiento internacional activado en abril pasado, luego de que el CED considerara que existían indicios de que las desapariciones en México —que ya suman casi 134,000 personas reconocidas oficialmente— podrían tener un carácter sistemático. Cuatro meses después, el Comité notificó ante la Asamblea General el inicio formal del proceso.

La Cancillería, sin embargo, rechazó el señalamiento y defendió que México “es uno de los países más abiertos al escrutinio internacional”, aunque calificó las afirmaciones del Comité como “carentes de sustento”. En su defensa, el Gobierno atribuyó las desapariciones principalmente a la delincuencia organizada, e insistió en que se han fortalecido las instituciones de búsqueda e identificación de personas.

“Se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas”, aseguró la SRE en su posicionamiento oficial.

El artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas permite que el Comité lleve el caso ante la Asamblea General cuando existan indicios fundados de que ese delito ocurre de manera generalizada o sistemática en un país.

AYOTZINAPA 2024

La última vez que Naciones Unidas encendió las alertas sobre México fue tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, y nuevamente en 2018, cuando el entonces gobierno de Enrique Peña Nieto impidió una investigación directa. En 2021, el CED logró realizar su primera visita oficial al país y, un año después, concluyó que la desaparición forzada se había convertido en “el crimen perfecto” en México.

El actual proceso representa una nueva etapa de tensión entre el Estado mexicano y los organismos internacionales de derechos humanos, en un contexto donde las familias de víctimas siguen denunciando impunidad, falta de coordinación institucional y manipulación del registro nacional de personas desaparecidas.