• Layda Sansores recrudece la ofensiva contra la prensa.
• La Fiscalía exige a un medio local revelar los nombres de autores de notas críticas, bajo una denuncia por calumnia.
• Un nuevo golpe a la libertad de expresión en México.

La Fiscalía estatal exige a un medio local los nombres de periodistas que publicaron críticas a la gobernadora, bajo una denuncia por calumnia. Organizaciones advierten un nuevo golpe a la libertad de expresión.

La libertad de prensa en Campeche vive uno de sus momentos más tensos. La gobernadora Layda Sansores San Román, de Morena, vuelve al centro de la polémica tras un nuevo intento de intimidación hacia los medios de comunicación críticos de su gestión.

La Fiscalía General del Estado envió un oficio a Producciones Telemar, empresa que opera un canal de televisión y portal de noticias local, exigiendo los nombres de los periodistas que redactaron una veintena de notas con críticas hacia la mandataria, así como de quienes autorizaron su publicación y del propio director del medio. La solicitud forma parte de una carpeta de investigación por el delito de calumnia, derivada de una denuncia interpuesta por la propia gobernadora.

Telemar, que hizo pública la notificación, denunció que la Fiscalía le otorgó cinco días hábiles para entregar la información, bajo amenaza de multas y sanciones legales si se niega a colaborar. El hecho desató una ola de indignación en redes sociales y reavivó el debate sobre la censura oficial en el sur del país.

Un patrón de persecución

Entre las publicaciones señaladas por la Fiscalía se encuentra una editorial del Diario Independiente Tribuna titulada “Triturada la 4T en Campeche”, que califica de “farsante y cínica” a Sansores y cuestiona su gestión. La mandataria busca identificar al autor y ampliar la persecución a otros medios que, como Tribuna Campeche, ya han sufrido embates judiciales.

En agosto pasado, un fallo obligó al periodista Jorge González, exdirector del Tribuna Campeche, a entregar con 30 minutos de anticipación cualquier texto que mencione a la gobernadora para revisión judicial, con el fin de “evitar expresiones ofensivas”. Pese a ello, Sansores no ha quedado conforme y ahora amplía su ofensiva hacia otros comunicadores.

Un historial de confrontaciones

Desde el inicio de su administración, Layda Sansores ha sido señalada por utilizar el poder judicial y mediático para amedrentar a críticos, opositores e incluso a integrantes de su propio partido. En 2022, usó su programa El Martes del Jaguar para divulgar supuestos mensajes privados entre Ricardo Monreal y Alejandro “Alito” Moreno, lo que desató una tormenta política dentro de Morena y el Congreso.

Más recientemente, tres periodistas del portal La Barra Noticias ofrecieron disculpas públicas por “violencia política en razón de género” hacia la gobernadora, tras una resolución del Tribunal Electoral estatal.

Reacciones y condenas

Ante el nuevo caso, Telemar advirtió en un comunicado que esta acción “refuerza la percepción de que el Gobierno de Campeche busca limitar la libertad de expresión y acallar la cobertura crítica”.
El medio alertó sobre un “ambiente de autocensura” y recordó que el artículo sexto de la Constitución mexicana protege la libertad de expresión y el derecho a la información.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado en meses recientes contra cualquier intento de censura:

“Cualquier cosa que tenga que ver con la censura, estamos en contra”, dijo en junio la mandataria federal.

Con la nueva ofensiva judicial de Sansores, Campeche se consolida como un foco rojo para el periodismo mexicano, donde el poder político sigue utilizando las instituciones para silenciar la crítica y debilitar la rendición de cuentas.